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¿Por qué las tribus indígenas están tan preocupadas por lo que está haciendo Cargill en la Amazonía brasileña y qué están haciendo al respecto?

H.H, por correo electrónico

En mil cuatrocientos noventa y dos, Colón surcó el océano azul. Este alegre comienzo de la historia que se suele enseñar sobre el «descubrimiento» de América suele pasar por alto la realidad de lo que todo ello significó para las comunidades indígenas. Hoy en día, las tribus nativas de la Amazonía brasileña, unas 900 000 personas, siguen enfrentándose a amenazas contra sus tierras y sus derechos. A pesar de haber obtenido derechos de propiedad en virtud de la Constitución brasileña de 1988, estas protecciones suelen verse diluidas por las acciones del Gobierno, influidas por actores corporativos. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro trabajó activamente para relajar las restricciones sobre las tierras indígenas en favor de las corporaciones, afirmando: «Donde hay tierras indígenas, hay riqueza debajo».

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Brasil es líder mundial en exportaciones agrícolas, con un récord de 109 millones de toneladas de soja exportadas en 2025. En el centro de esta industria se encuentra Cargill, una multinacional con unos ingresos de 160 000 millones de dólares que exporta el 70 % de la soja y el maíz de Brasil. El Gobierno obtiene importantes beneficios económicos de este negocio y ha allanado el camino para su expansión impulsando lo que los lugareños llaman el «tren de los cereales», una línea ferroviaria que atravesaría la Amazonía para aumentar aún más la capacidad de exportación de soja.

Las tensiones llegaron a un punto de ruptura tras el decreto del actual presidente Lula da Silva, de diciembre de 2025, para privatizar los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins, un plan destinado a impulsar las exportaciones agrícolas, con Cargill posicionada como principal beneficiaria. Pedro Charbel, de Amazon Watch, señaló que estas medidas «multiplicarían por siete la cantidad de soja que exportan a través del Tapajós». El Gobierno argumenta que aumentar el tráfico de exportación a través de los ríos es más respetuoso con el medio ambiente que el transporte terrestre. Sin embargo, expertos de GT Infraestrutura, una coalición brasileña de organizaciones de la sociedad civil, advierten de que esta infraestructura acelerará la deforestación. El Centro de Investigación de Derechos Humanos (HRRC) señala además que la contaminación del agua y la pérdida de hábitats resultantes empujarán a las comunidades indígenas hacia el interior de la Amazonía debido a la inseguridad alimentaria.

Las tribus indígenas impugnaron el decreto ante los tribunales, alegando que violaba las leyes que exigen la consulta previa con los grupos tribales. Al fracasar esta iniciativa, ocuparon la terminal de Cargill en Santarém, interceptando un buque granelero con pancartas en las que se leía: «El río Tapajós no está en venta» y «Revoca el Decreto de la Muerte». Tras 33 días, da Silva revocó el decreto, protegiendo al menos 17 territorios indígenas. Esta victoria preserva bosques vitales que prestan un servicio global: almacenan más carbono que las tierras no nativas. Frenar la expansión corporativa es esencial para mantener estos beneficios de secuestro de carbono. Los consumidores pueden apoyar estos esfuerzos exigiendo que la industria vuelva a la Moratoria de la Soja, un pacto de 2006 para evitar la compra de soja procedente de tierras deforestadas, que Greenpeace califica como «el plan de deforestación cero más exitoso del mundo».

CONTACTOS

• Centro de Investigación de Derechos Humanos, humanrightsresearch.org/post/deforestation-in-the-amazon-ii-the-effect-on-indigenous-groups.

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